Néstor Humberto Martínez, la historia de un “acusador acusado”

Utadeo en los Medios
Néstor Humberto Martínez, la historia de un “acusador acusado”
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Lunes, Noviembre 19, 2018
En su columna de opinión en El Espectador, el profesor emérito de Utadeo señala que el actual fiscal nunca debió ser postulado ni nombrado en el cargo, pues posee conflicto de intereses.
Fotografía: Oficina de Comunicación

Una crítica a la manera como la Fiscalía General de la Nación está diseñada institucionalmente, es la reflexión que hace el profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, en su más reciente columna de opinión en El Espectador. A propósito del reciente escándalo que involucra al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en torno al caso Pizano y Odebrecht, el columnista destaca que este es un hombre poderoso, que representa los intereses, en algunas ocasiones oscuros, del sector financiero y constructor del país, perfil que no corresponde a quien debería ocupar tal dignidad, en la medida que este debe surgir de las entrañas del sistema judicial, y por lo tanto, no estar contaminado por intereses que nuble su juicio, el cual debe ser imparcial e independiente.

Al respecto, Kalmanovitz sugiere que el fiscal “puede linchar públicamente a muchas personas que considere enemigas o simplemente le sirvan para obtener publicidad y resaltar lo eficientes y probos que son”, de tal manera que se ha propasado con los casos de testaferrato de las Farc, generado acusaciones sin suficientes evidencias, mientras que ha sido laxo con el tema Odebrecht: “En otro país, el fiscal hubiera tenido que renunciar. Aquí, sus apoyos dentro de la coalición de gobierno y en las esferas del poder económico lo mantienen incólume frente a sus abusos”, argumenta.

Señala que, lo más escandaloso de la labor de Martínez es el hecho de desviar la atención y obstruir a la justicia, pues implicó a Luis Fernando Andrade en el caso del contrato anexo de la Ruta del Sol, cuando era Martínez quien protegía los intereses de Sarmiento Angulo y de la firma Episol.

 

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 2613 del 14 de agosto de 1959 Minjusticia.

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