Sinceridad política, la clave para resolver los problemas de la ciudadanía

Sinceridad política, la clave para resolver los problemas de la ciudadanía

Utadeo en los Medios
Sinceridad política, la clave para resolver los problemas de la ciudadanía
Jueves, Febrero 6, 2020
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En su columna de opinión en El Espectador, José Fernando Isaza, consejero de Utadeo, propone un escenario en el que los gobernantes destinen sus energías y creatividad a la transparencia en la administración pública.
Fotografías: Oficina de Comunicación

Un escenario en el que la sinceridad política por parte de los gobernantes se erige como la base para solucionar las problemáticas de los ciudadanos es lo que plantea el consejero y exrector de Utadeo José Fernando Isaza, en su más reciente columna de opinión en El Espectador.

Así, Isaza señala que los Gobiernos, en lugar de buscar acuerdos programáticos con los partidos políticos, deberían decir la verdad a la hora de ofrecer puestos y contratos de cara al apoyo de las iniciativas del Ejecutivo. “En las democracias es natural que se formen coaliciones, especialmente cuando el partido ganador no tiene la mayoría absoluta. En casi todos los casos hay cierta dosis de clientelismo, pero los acuerdos políticos tienden a ser más importantes que los simples puestos, contratos y el manejo presupuestal”, dice Isaza.

Para el columnista, el gobierno no ha sido claro con la opinión pública en torno a las razones por las que Uber incumple las leyes colombianas, sino que ha sido percibido por la ciudadanía como un pago a los taxistas por su apoyo al Gobierno.

“El Gobierno no ha informado cuánto pagan. Por otra parte, la reposición de los taxis está exenta de IVA, no ocurre lo mismo con los automóviles que se emplean para el servicio de Uber. Hay un gran costo en la adquisición de un cupo de taxi, pero este ingreso no entra en las arcas del Gobierno, sino que va a aumentar la riqueza de los pocos que obtienen este privilegio”.

Finalmente, Isaza se muestra en desacuerdo con la administración distrital ante el decreto que reglamenta el pago para eximir a un vehículo del pico y placa. Afirma que el pago con trabajo social solo desgasta a la administración pública.

Lea la columna de opinión completa en el portal web de El Espectador

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